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Derechos Humanos y Territorios Ocupados

En el caso del Sahara Occidental resulta evidente que la aplicación efectiva de los principios y normas del derecho internacional y la salvaguarda efectiva de los derechos humanos de la población saharaui (en los campamentos de población refugiada y en los territorios ocupados) han quedado siempre supeditadas a los intereses geopolíticos.

Resulta también evidente que el estado español debe ejercer su responsabilidad como potencia administradora del Sahara Occidental -responsabilidad reconocida como un deber sagrado en la Carta de Naciones Unidas-, para poner fin al proceso de descolonización del Pueblo Saharaui sobre la base de su derecho inalienable a la autodeterminación.

El Estado español continúa siendo responsable legal y político de esta tragedia. Mientras el Pueblo Saharaui no pueda decidir libremente su futuro, España seguirá siendo responsable moral y jurídicamente del sufrimiento y de la violación permanente de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

  • ¿Qué medidas se podrían adoptar para empujar al Estado Español a asumir y aplicar una acción política exterior coherente con dicha responsabilidad?
  • ¿Qué medidas se podrían adoptar para empujar al Estado Español a liderar en el seno de la UE una política tendente a poner fin a la ocupación, una política tendente a una resolución justa del conflicto?
  • ¿Qué medidas se podrían adoptar para conseguir que la política exterior española vaya más allá de las meras declaraciones, de la diplomacia inocua y del asistencialismo?
  • ¿Cómo podríamos lograr que en la política de la administración española (en sus diferentes niveles) se considere de forma efectiva el derecho inalienable, permanente e incondicional del Pueblo Saharaui a la libre determinación y su derecho a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales?

 

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